El Gobierno de Argentina ha enviado al Senado un nuevo proyecto para combatir la ludopatía y reforzar el control sobre las apuestas online ilegales, una iniciativa que mantiene la prohibición de acceso de menores a las plataformas de juego, pero que abre la puerta a permitir la publicidad de operadores autorizados bajo determinadas condiciones.
La propuesta supone un cambio relevante respecto al texto aprobado en noviembre de 2024 por la Cámara de Diputados, donde se impulsaban restricciones más severas sobre la promoción y publicidad del juego online. El nuevo proyecto deberá ahora ser debatido en el Senado y, en caso de modificaciones, regresar nuevamente a Diputados.
Entre las principales medidas del texto destacan la prohibición del acceso de menores a plataformas de apuestas online, la persecución de operadores ilegales y el desarrollo de políticas de prevención y sensibilización sobre el juego patológico.
El proyecto también contempla la elaboración de estadísticas y estudios epidemiológicos para monitorizar el impacto de la ludopatía e identificar grupos vulnerables.
Publicidad permitida bajo restricciones
Uno de los puntos que más debate genera es el tratamiento de la publicidad del juego online. El Gobierno propone prohibir únicamente la promoción de operadores no autorizados, mientras que permitiría campañas de publicidad de operadores legales siempre que cumplan determinadas limitaciones.
Entre ellas, no dirigir contenidos a menores de edad, no asociar el juego con éxito social, laboral o personal, y no fomentar el consumo de alcohol o tabaco vinculado a las apuestas.
Además, los medios de comunicación deberán verificar que la publicidad difundida corresponde a operadores autorizados por las autoridades competentes.
Endurecimiento de penas contra el juego ilegal
El proyecto incorpora también un endurecimiento penal contra las plataformas ilegales de apuestas online. Se prevén penas de entre tres y seis años de prisión para quienes operen plataformas sin autorización y condenas de dos a cuatro años para quienes faciliten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios esenciales para el funcionamiento de operadores ilegales.
La iniciativa será analizada por las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales del Senado argentino.
